El
Ministerio de Justicia tramitó en 2012 hasta 133 solicitudes para reclamar a
menores sustraídos por uno de sus progenitores en el extranjero. Así, los datos
a los que ha tenido acceso LA RAZÓN señalan que se mantiene la media de casos
respecto al año pasado, cuando se registraron 136 solicitudes. Ahora bien, si
se comparan estas cifras con las de hace una década –49 casos–, parece evidente
que estamos ante un fenómeno en alza: más del 170% con respecto a 2002.
Mientras, nuestro país ha sido a su vez requerido en 99 ocasiones por parte de
otros países para, a su vez, reclamar a algún menor retenido por su padre o
madre en nuestro país.
La sustracción interparental de menores supone la forma
más cruel de daño colateral derivada de un divorcio no amistoso. Los hijos son
la principal arma arrojadiza con la que uno de los cónyuges trata de herir a su
ex pareja. Y al final, los que resultan verdaderamente perjudicados son los
propios pequeños. Como recalcaba un informe de la Fundación Child Care, ONG que
presta apoyo legal a los padres y madres afectados, casi la mitad de los
menores necesita asistencia psicológica una vez regresan a su entorno familiar:
depresión, ansiedad, problemas cardíacos, estrés postraumático...
¿Qué se considera una sustracción interparental? Estos
casos dramáticos siguen una secuencia similar. Se trata de parejas mixtas, en
las que uno de los cónyuges es de nacionalidad extranjera; tras tener un hijo
en común, surgen los primeros problemas domésticos; una vez consumado el
divorcio, el padre o la madre se queda con la custodia del pequeño; un día,
cuando el progenitor que sigue un régimen de visitas va a buscar a su hijo,
descubre que su ex pareja ha abandonado nuestro país, en la mayoría de
ocasiones, en dirección a su nación de origen. El aumento en los últimos años
de la inmigración y, por tanto, de los matrimonios mixtos, parece ser un factor
clave en el incremento de estas denuncias.
Lo cierto es que existen mecanismos internacionales para
solucionar estos conflictos. Nuestro país firmó el Convenio de La Haya en 1980,
que reconoce la ejecución de sentencias extranjeras en los países miembros, lo
que obligaría a trasladar al niño de inmediato. Sin embargo, no resulta tan
sencillo: las diferencias entre las legislaciones internacionales provoca que
se eternicen los procesos. Así, tras estudiar los casos atendidos, Child Care
concluyó que en el periodo comprendido entre 2000 y 2010 sólo se solucionaron
un 64% de los casos.
EN PRIMERA PERSONA
José María López / Padre de una menor raptada
«Hace un año que no veo a mi hija, pero los juzgados no
actúan»
Dentro de poco José María cumplirá un triste aniversario:
hace un año que no ve a su hija Lucía. Este militar albaceteño conoció a la que
es ahora su ex mujer en Kirguistán mientras realizaba trabajos de mantenimiento
para el Ejército. En menos de un año, ya vivían en España. Y fruto de su relación,
nació la pequeña. Todo comenzó a torcerse desde entonces. Los roces fueron
aumentando hasta desembocar en una demanda de divorcio que otorgó la custodia
de la niña a su mujer. Por medio se cruzó incluso una denuncia por malos tratos
que el juzgado desestimó. José María informó al juzgado sobre su temor a que su
ex pareja huyera con la menor. Y así fue.
¿Cómo está la situación a día de hoy? «No sabemos
absolutamente nada de Lucía», dice José María, que recuperó la custodia de la
pequeña tras la mediación de la Audiencia Provincial. Sigue esperando a que el
Juzgado de Instrucción de Albacete dicte una orden de busca y captura
internacional; sin embargo, «el juzgado no actúa» y se limita a desviar las
peticiones a la Fiscalía. Desesperado, se ha desplazado a Kirguistán y Alemania
para tratar de dar con la madre o con la menor, pero hasta la fecha no ha
obtenido pistas del paradero de ninguna.
J. V. Echagüe
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