Según el Gobierno regional, estas
115 viviendas permitirán iniciar una nueva vida a 450 personas, de las que la
mitad son menores de 15 años, que proceden de 23 países distintos.
Se trata de pisos situados en
diferentes municipios de la región y adquiridos en el mercado de vivienda
libre. La renta mensual oscila desde los 65 hasta los 135 euros, para una
vivienda de dos dormitorios, a los 200 euros para una de cuatro dormitorios.
Además, en todos los casos se aplica una bonificación del 35% durante los
primeros cinco años. También se contemplan descuentos de entre el 20 y el 30% a
las familias numerosas.
En el acto, el presidente ha
explicado que el perfil de las familias que hasta ahora demandaban una vivienda
del cupo de especial necesidad ha sufrido un cambio importante como
consecuencia de la crisis. “Nos encontramos con personas que han perdido sus
empleos y que han reducido drásticamente sus ingresos familiares”, ha
explicado. El presidente ha destacado que 29 de las familias beneficiarias de
estas viviendas han sido víctimas de un desahucio.
Éste es el caso de la familia a
la que Ignacio González ha acompañado a conocer su nuevo piso. Se trata de un
matrimonio con dos hijos de 11 y 9 años que ha perdido su vivienda y se
encuentra en una situación muy vulnerable. Tanto el padre como la madre tienen
41 años y una experiencia laboral de 15 y 12 años en diferentes puestos, pero
ambos han perdido sus trabajos y ahora sólo perciben el subsidio de desempleo,
de 426 euros.
Adjudicatarios
Respecto al resto de los
adjudicatarios, son familias con graves situaciones de vulnerabilidad.
Concretamente, de estas 115 viviendas 76 corresponden al cupo general, 17 a
mujeres que han sufrido violencia de género, 3 a personas con discapacidad, 16
a impulso familiar y 3 a personas mayores. De esas familias 49 perciben la Renta
Mínima de Inserción y 35 están recibiendo ayuda de alimentos por parte de
Cáritas, Cruz Roja o la Iglesia Evangélica.
La adjudicación de estos pisos se
enmarca entre las iniciativas que la Comunidad está desarrollando para
facilitar el acceso a la vivienda. El VIMA ha reducido la renta a 5.000
familias inquilinas de viviendas públicas que, teniendo la voluntad de hacer
frente a los pagos, no pueden asumir el coste en estos momentos. Para estas
familias se ha establecido un alquiler medio de 50 euros mensuales, en
condiciones similares a las más de 2.000 familias inquilinas del IRIS.
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